Empresas del Área Metropolitana firman alianza contra fraude

Momentos cuando el gobernador Richard Aguilar se dirigía a
 los asistentes, entre alcaldes y representantes de las empresas

Se denunció que los hurtos de  materiales  a las empresas de servicios públicos, durante el 2011, se elevaron a $ 43.000 millones

BUCARAMANGA. Con asistencia de las autoridades departamentales y municipales del área se   firmó este viernes la Alianza Contra el Fraude Santandereano con los alcaldes del área metropolitana, los representantes legales y gerentes de 10 empresas que prestan los servicios públicos de gas, energía, telefonía, acueducto en esta región del país y en Norte de Santander.

“Este convenio busca la solidaridad de todos para combatir, con apoyo de las autoridades de Policía, a los grupos delincuenciales que no solo hurtan elementos y materiales de estas empresas, sino para poner en cintura a quienes de manera fraudulenta  utilizan conexiones ilegales para proveerse de esos servicios”, dijo el gobernador, Richard Aguilar Villa.

El robo

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes (Andesco), Gustavo Galvis Hernández, explicó que el robo continuado de elementos como cobre y aluminio  a las empresas de  servicios públicos aumenta cada día: en 2005, se calcularon pérdidas por 15 mil millones de pesos y en 2011,  por 43 mil millones.

“Los curioso es que mientras el robo continuado de cobre y aluminio aumentó también aumentaron las exportaciones de estos mismos elementos”, concluyó Galvis Hernández.

La Alianza

También suscribieron el pacto la Electrificadora de Santander (ESSA), el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Alumbrado Público de Bucaramanga, Telefónica Telecom, Piedecuestana de Servicios Públicos, Telebucaramanga, Aguas Kpital Cúcuta, Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS Cúcuta), Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS) y UNE EPM Telecomunicaciones. Fuente: Oficina de prensa de la gobernación

RADICADA PONENCIA DE PROYECTO QUE BUSCA COMBATIR EL USO INDEBIDO DE CRÉDITOS PÚBLICOS

 Los senadores Alfonso Valdivieso, (grafica) Parmenio Cuéllar, Roberto Gerlein, Samuel Arrieta, Jesús Ignacio García y Armando Benedetti radicaron una ponencia viable de la iniciativa “por la cual se modifica el Código Penal creando el delito de fraude al apoyo económico directo o incentivo”.

A pesar que en el informe presentado a la Comisión Primera del Senado los congresistas no exoneran al Ministerio de Agricultura de la responsabilidad por la pérdida de los recursos desembolsados mediante el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, los ponentes consideran viable dar primer debate al proyecto.

De esta forma, la ponencia dice: ”Dejando en claro que se cometieron errores graves en el diseño, implementación y monitoreo del programa AIS que deben corregirse y no volverse a presentar en el futuro, que los convenios como el que se hizo con el IICA, a pesar de estar amparados por la ley, no son convenientes, que las conductas que se tipifican en el proyecto ya existen en nuestro ordenamiento penal y las sanciones que se pretenden imponer por las nuevas conductas no están claras, estas no son lo suficientemente precisas para que una autoridad judicial pueda aplicarlas con facilidad”.

De aprobarse este proyecto de ley, la persona que obtenga algún crédito oficial regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado será condenada de cuatro a ocho años de cárcel. Además el proyecto precisa que quien altere o simule las condiciones requeridas para obtener dicho beneficio incurrirá en prisión de siete a 12 años. Mientras que el servidor público, que conociendo la irregularidad no la denuncie, incurrirá en la misma pena y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas de cinco a diez años.

De esta forma, la ponencia dice: ”Dejando en claro que se cometieron errores graves en el diseño, implementación y monitoreo del programa AIS que deben corregirse y no volverse a presentar en el futuro, que los convenios como el que se hizo con el IICA, a pesar de estar amparados por la ley, no son convenientes, que las conductas que se tipifican en el proyecto ya existen en nuestro ordenamiento penal y las sanciones que se pretenden imponer por las nuevas conductas no están claras, estas no son lo suficientemente precisas para que una autoridad judicial pueda aplicarlas con facilidad”.

De aprobarse este proyecto de ley, la persona que obtenga algún crédito oficial regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado será condenada de cuatro a ocho años de cárcel. Además el proyecto precisa que quien altere o simule las condiciones requeridas para obtener dicho beneficio incurrirá en prisión de siete a 12 años. Mientras que el servidor público, que conociendo la irregularidad no la denuncie, incurrirá en la misma pena y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas de cinco a diez años.

De esta forma, la ponencia dice: ”Dejando en claro que se cometieron errores graves en el diseño, implementación y monitoreo del programa AIS que deben corregirse y no volverse a presentar en el futuro, que los convenios como el que se hizo con el IICA, a pesar de estar amparados por la ley, no son convenientes, que las conductas que se tipifican en el proyecto ya existen en nuestro ordenamiento penal y las sanciones que se pretenden imponer por las nuevas conductas no están claras, estas no son lo suficientemente precisas para que una autoridad judicial pueda aplicarlas con facilidad”.

De aprobarse este proyecto de ley, la persona que obtenga algún crédito oficial regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado será condenada de cuatro a ocho años de cárcel. Además el proyecto precisa que quien altere o simule las condiciones requeridas para obtener dicho beneficio incurrirá en prisión de siete a 12 años. Mientras que el servidor público, que conociendo la irregularidad no la denuncie, incurrirá en la misma pena y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas de cinco a diez años.