Los senadores Alfonso Valdivieso, (grafica) Parmenio Cuéllar, Roberto Gerlein, Samuel Arrieta, Jesús Ignacio García y Armando Benedetti radicaron una ponencia viable de la iniciativa “por la cual se modifica el Código Penal creando el delito de fraude al apoyo económico directo o incentivo”.
A pesar que en el informe presentado a la Comisión Primera del Senado los congresistas no exoneran al Ministerio de Agricultura de la responsabilidad por la pérdida de los recursos desembolsados mediante el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, los ponentes consideran viable dar primer debate al proyecto.
De esta forma, la ponencia dice: ”Dejando en claro que se cometieron errores graves en el diseño, implementación y monitoreo del programa AIS que deben corregirse y no volverse a presentar en el futuro, que los convenios como el que se hizo con el IICA, a pesar de estar amparados por la ley, no son convenientes, que las conductas que se tipifican en el proyecto ya existen en nuestro ordenamiento penal y las sanciones que se pretenden imponer por las nuevas conductas no están claras, estas no son lo suficientemente precisas para que una autoridad judicial pueda aplicarlas con facilidad”.
De aprobarse este proyecto de ley, la persona que obtenga algún crédito oficial regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado será condenada de cuatro a ocho años de cárcel. Además el proyecto precisa que quien altere o simule las condiciones requeridas para obtener dicho beneficio incurrirá en prisión de siete a 12 años. Mientras que el servidor público, que conociendo la irregularidad no la denuncie, incurrirá en la misma pena y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas de cinco a diez años.
De esta forma, la ponencia dice: ”Dejando en claro que se cometieron errores graves en el diseño, implementación y monitoreo del programa AIS que deben corregirse y no volverse a presentar en el futuro, que los convenios como el que se hizo con el IICA, a pesar de estar amparados por la ley, no son convenientes, que las conductas que se tipifican en el proyecto ya existen en nuestro ordenamiento penal y las sanciones que se pretenden imponer por las nuevas conductas no están claras, estas no son lo suficientemente precisas para que una autoridad judicial pueda aplicarlas con facilidad”.
De aprobarse este proyecto de ley, la persona que obtenga algún crédito oficial regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado será condenada de cuatro a ocho años de cárcel. Además el proyecto precisa que quien altere o simule las condiciones requeridas para obtener dicho beneficio incurrirá en prisión de siete a 12 años. Mientras que el servidor público, que conociendo la irregularidad no la denuncie, incurrirá en la misma pena y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas de cinco a diez años.
De esta forma, la ponencia dice: ”Dejando en claro que se cometieron errores graves en el diseño, implementación y monitoreo del programa AIS que deben corregirse y no volverse a presentar en el futuro, que los convenios como el que se hizo con el IICA, a pesar de estar amparados por la ley, no son convenientes, que las conductas que se tipifican en el proyecto ya existen en nuestro ordenamiento penal y las sanciones que se pretenden imponer por las nuevas conductas no están claras, estas no son lo suficientemente precisas para que una autoridad judicial pueda aplicarlas con facilidad”.
De aprobarse este proyecto de ley, la persona que obtenga algún crédito oficial regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado será condenada de cuatro a ocho años de cárcel. Además el proyecto precisa que quien altere o simule las condiciones requeridas para obtener dicho beneficio incurrirá en prisión de siete a 12 años. Mientras que el servidor público, que conociendo la irregularidad no la denuncie, incurrirá en la misma pena y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas de cinco a diez años.
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