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miércoles, 16 de febrero de 2011

1ª mesa de cumplimiento de normas anticorrupción

-Alcaldes de Santander, organismos de control y autoridades nacionales intercambiaron pareceres sobre el cumplimiento de normas anticorrupción.

BUCARAMANGA.- Con la presencia de 82 de los 87 alcaldes de Santander se llevó a cabo en Bucaramanga la “1ª Mesa de Cumplimiento de Normas Anticorrupción”, presidida por el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa Díaz, y el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe.

Los mandatarios locales analizaron los resultados del Índice de Gobierno Abierto (IGA) que la Procuraduría General de la Nación aplicó en el 2010 como prueba piloto en las 87 alcaldías, como una estrategia preventiva de evaluación del cumplimiento de normas anticorrupción en la gestión pública territorial.

Cuando intervenía el gobernador de Santander, Horacio Serpa
El informe de resultados del IGA en Santander evidencia que la totalidad de sus municipios registra incumplimiento de normas estratégicas de lucha contra la corrupción.

Una de las normas que más se desconoce por parte de los mandatarios locales es la de la publicidad de la gestión contractual. El 51 por ciento de los municipios obtuvo menos de 20 puntos y el 33 por ciento no registra ningún contrato publicado en el Portal Único de Contratación, lo cual es indicio de violación al principio de transparencia y visibilidad de la contratación.

Por su parte, el reporte a Sistemas Estratégicos de Información es uno de los aspectos que registra mejores resultados, con un promedio de 87 puntos. Todos los municipios, por ejemplo, se encuentran al día en sus reportes al Sisbén.

Durante el encuentro se destacó la importancia del cabal cumplimiento de las normas relacionadas con el almacenamiento de la información: la gestión documental medida a través del cumplimiento de la Ley de Archivos muestra grandes deficiencias, pues más del 95 por ciento de los municipios no aplica las tablas de valoración documental ni de retención documental, lo cual implica un considerable riesgo de corrupción y de ineficiencia administrativa.

Ante la presentación de los resultados, los alcaldes solicitaron precisiones sobre la forma en que se realizó la evaluación y de intercambiar consideraciones sobre la aplicación de este índice, tanto con la Procuraduría General de la Nación como con los delegados del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Archivo General de la Nación, el programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos, entidades involucradas en el manejo de sistemas estratégicos de información.

El procurador delegado anunció que en noviembre se actualizó esta medición para la vigencia 2010.
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Mónika María Leal Abril
Jefe de Prensa y Comunicaciones
GOBERNACIÓN DE SANTANDER

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